Tras el paso de la borrasca Filomena, el Consejo de Ministros ha aprobado lo que ahora se conoce como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil. Y no ha sido sólo en la Comunidad de Madrid, sino también en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Asturias, Aragón, La Rioja y Navarra.
Gracias a esto, las Administraciones públicas afectadas por la emergencia podrán solicitar ayudas económicas para, una vez cuantificados los daños, poder restablecer la normalidad en cada uno de sus municipios lo antes posible.
Esta ayuda la pueden pedir tanto las comunidades autónomas como los Ayuntamientos. Su declaración se realizará por el Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior.
Desde Moncloa han señalado que esto ayudará a agilizar las ayudas para paliar “la magnitud de los daños, la grave perturbación de las condiciones de vida de la población en extensas áreas geográficas y la paralización total o parcial de buena parte de los servicios públicos esenciales».
Más del 93% de los pueblos afectados por la borrasca “Filomena” tienen menos de 5.000 habitantes, según datos ofrecidos por la Secretaría General para el Reto Demográfico. Y una gran parte de ellos son pueblos de montaña. Pueblos que en mayor o menor medida se ven afectados todos los inviernos por nevadas que también generan problemas de movilidad y aislamiento, pero que sin duda esta vez tendrán la ayuda que necesitan.
“Filomena nos visita varias veces cada invierno, pero somos los ayuntamientos los que tenemos que asumir los gastos con nuestros escasos recursos ordinarios”, señala el presidente de esMONTAÑAS, Marcel Iglesias. “Esta decisión quizá ayude a dar más visibilidad a estas zonas que también sufren cada año problemas para reestablecer la vialidad, las telecomunicaciones y el suministro eléctrico”, añade.
De acuerdo con la ley, los gobiernos de los territorios afectados por Filomena en este caso tenían 15 días desde el inicio del temporal para presentar su solicitud. Es posible solicitar compensación por los daños materiales en viviendas y establecimientos. Además, se establece una subvención de hasta el 50% del coste de aquellos proyectos que ejecuten los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales para reparar o restituir infraestructuras y servicios de titularidad municipal, así como la red viaria de las diputaciones provinciales. Y los ayuntamientos podrían recibir la cuantía gastada para hacer frente a la situación de emergencia.
A las ocho comunidades españolas podrían sumarse otras regiones. Según informa el Ejecutivo, el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de ampliar la declaración a otras zonas que hayan podido quedar excluidas.
