En España existen actualmente 2.128 farmacias en municipios de menos de 1.000 habitantes. Su supervivencia, hoy por hoy, se ha convertido en una batalla que luchan por ganar. La despoblación rural, la crisis y la bajada del margen de precio de los medicamentos han sido los tres factores principales que han influido en que muchas de estas farmacias estén a punto de cerrar, dejando sin servicio a miles de habitantes.
A diferencia de otros países europeos, en España la apertura de una nueva farmacia está regulada y se establece entre otros factores, por el número de habitantes. Esto garantiza que cualquier ciudadano español tenga acceso al servicio farmacéutico.
“Esta ley se hizo para evitar que no hubiera ningún ciudadano, viviera donde viviera, sin acceso a este servicio, así que se limitó el número de farmacias por población o por distancia”, explica Jaime Espolita, presidente de SEFAR, la Sociedad Española de Farmacia Rural. “El problema es que cada vez que hay un concurso, todos quieren optar por una farmacia en las ciudades, y las farmacias de las zonas rurales quedan desiertas”, añade.
Si analizamos el porqué de este problema surgen varios motivos. En los últimos años, las zonas rurales han sufrido una fuerte despoblación. Esto se ha unido al ajustado margen que el gobierno ha impuesto al precio del medicamento (el precio de venta de un medicamento, a diferencia de otros productos de venta en la farmacia como es la parafarmacia, viene marcado por la Comisión Interministerial de Precio de Medicamentos, adscrita al Ministerio de Sanidad) por lo que el margen de ganancia del medicamento ha disminuido en los últimos años, un lujo que no se han podido permitir aquellas farmacias instaladas en pueblos con escasa población.
Por otro lado, también hay que añadir a este problema que los medicamentos de diagnóstico hospitalario que antes se vendían en farmacia comunitaria, ahora se dispensan desde el hospital.
“Nunca se han tomado medidas de compensación: Si partes de la base que hay gente que se va a instalar en poblaciones con poco volumen de personas, no van a tener ganancias suficientes. Así, la ganancia rural deja de ser rentable”, explica Espolita.
Para intentar solucionar el problema de la viabilidad de la farmacia comunitaria del ámbito rural, el estado publicó en el año 2011 el Real Decreto- Ley 9/2011 donde se fijaban los índices correctores de los márgenes de las farmacias comunitarias por tramos de facturación. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para ayudar en la viabilidad de las farmacias rurales.
Por todo ello, desde SEFAR piden que se cree un fondo de compensación. Se trataría de un impuesto a las farmacias urbanas que se destinaría a compensar las pérdidas de las farmacias de poblaciones de menos de 1.000 habitantes.
“Estamos pidiendo que se haga como en otros países: Si la media de facturación en España es, por ejemplo, de 1 millón de euros, que parte de lo que ganan esas farmacias se revierta en las farmacias rurales para que puedan subsistir”, explica el presidente. “No tener asegurado la gestión farmacéutica en el territorio es un problema de salud. Y si la farmacia pequeña desaparece no tiene sentido que haya un modelo regulado”, añade.
Por el momento, desde SEFAR van a reclamar este fondo de compensación a través de los diferentes representantes de la farmacia comunitaria rural, con el objetivo de solicitarlo directamente al Ministerio de Sanidad si no lo resuelven por este medio.
